La administración del presidente Javier Milei implementó un drástico recorte del 10 por ciento en el presupuesto de salud pública en lo que va del año, profundizando un programa de austeridad que ya ha tenido un impacto brutal en los hospitales públicos y en la población más vulnerable de Argentina.

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El monitor del Gasto Primario, publicado por la consultora Analytica, reveló que la inversión devengada en el Ministerio de Salud acumuló una caída del 9.8 por ciento en términos reales durante los primeros cinco meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

Si bien en mayo del presente registró un incremento puntual del 53.1 por ciento respecto a mayo de 2024, la tendencia general de los primeros meses del año marca una significativa retracción.

El informe destaca que el gasto actual en salud se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, incluso tras la normalización post-2023. La mayor incidencia de este ajuste se ha sentido en las transferencias (-6.3 puntos porcentuales) y en el gasto en personal (-3.6 puntos porcentuales).

Los recortes han impactado severamente a los organismos descentralizados dependientes del Ministerio de Salud, que en conjunto experimentaron una caída real del 7.9 por ciento en los primeros cinco meses.

Entre las entidades más afectadas se encuentran el Instituto Nacional del Cáncer, con una reducción del 56.5 por ciento interanual, el Hospital Bonaparte (-20.7%) y el Hospital Sommer (-20.3%).

Hospitales de referencia como el Garrahan y el Posadas también han visto sus transferencias disminuidas en un 7.1% y 6.7% respectivamente en el mismo período, lo cual ha llevado a los trabajadores del sector a marchar para exigir cambios y a presentar una denuncia contra el mandatario por incumplimiento de deberes públicos.

Estas medidas se enmarcan en un desmantelamiento más amplio de agencias federales de salud clave y despidos masivos, que han afectado a más de 2.000 empleados del Ministerio de Salud, casi una cuarta parte de su plantilla, con 1.400 desvinculaciones solo en enero.

Un ejemplo crítico es la suspensión por parte del gobierno de la agencia DADSE, que proveía medicamentos de alto costo a pacientes con cáncer y enfermedades raras sin seguro.

Esta interrupción ha dejado a miles de argentinos sin tratamientos vitales, llevando a grupos de defensa de pacientes a afirmar en una demanda que al menos 60 pacientes con cáncer murieron el año pasado debido a la suspensión del programa.

Las autoridades también desmantelaron el Instituto Nacional del Cáncer, suspendiendo programas de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino. La Dirección Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis ha perdido el 40% de su personal y el 76% de su presupuesto anual, resultando en escasez de pruebas, medicamentos y preservativos.

Por otro lado, Milei congeló los fondos federales para campañas de inmunización, interrumpiendo el acceso a vacunas en medio de un brote de sarampión que causó la primera muerte por esta enfermedad en dos décadas en abril.

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